Introducción
El artículo aborda la situación de mujeres españolas, mayoritariamente de la Comunidad de Madrid, que se ven obligadas a viajar al extranjero —concretamente a Bruselas— para interrumpir embarazos con anomalías fetales graves después de la semana 22, plazo previsto en la ley española. Se destacan los testimonios de varias mujeres que relatan haber sido rechazadas por comités clínicos en España, sentirse criminalizadas y obligadas a desplazarse, incrementando su vulnerabilidad.
El análisis estructurado se desarrollará en las siguientes secciones: contexto y actores; resumen del contenido; aplicación de perspectivas filosóficas; identificación de oportunidades y riesgos; y por último conclusión.
Contexto y actores involucrados
Contexto:
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En España la Ley Orgánica 2/2010 permite la interrupción del embarazo más allá de la semana 22 cuando se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.
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Sin embargo, el artículo evidencia que en la práctica muchas mujeres son rechazadas por los comités clínicos y deben buscar fuera del país la interrupción del embarazo.
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En el caso de Bélgica, la ley es parecida, pero se reporta que el hospital público de Bruselas —CHU Brugmann— recibe mujeres españolas cada semana por este motivo.
Actores principales:
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Las mujeres que afrontan embarazos con diagnóstico grave de anomalías fetales, en muchas ocasiones embarazos deseados, que se topan con barreras institucionales para acceder a la interrupción.
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Los comités clínicos de las comunidades autónomas en España que deciden si se autoriza o no el aborto más allá de la semana 22.
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El sistema de salud pública español y las comunidades autónomas, responsables de garantizar los derechos.
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El sistema de salud belga, que aparece como alternativa para estas mujeres.
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Asociaciones profesionales y jurídicos que acompañan los casos, por ejemplo la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que estima un gran número de denegaciones.
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El debate político/social en España sobre el aborto, objeción de conciencia, transparencia, derecho efectivo, etc.
Resumen del contenido
El artículo expone que un 40 % de las españolas que viajan a Bruselas para abortar provienen de la Comunidad de Madrid.
Se presentan testimonios impactantes de mujeres: una mujer con embarazo de 32 semanas que fue rechazada por el comité clínico de Madrid y viajó a Bruselas; otra con 34 semanas y diagnóstico grave; ambas relatan sentirse “criminales”, clandestinas, vulnerables.
Se analiza la opacidad de los comités clínicos en España, la falta de registro público de objetores de conciencia, la falta de transparencia de los hospitales autonómicos, lo que coloca a las mujeres “en situación de incertidumbre y vulnerabilidad”.
El artículo apunta que en 2024 se realizaron 200 abortos en el CHU Brugmann para mujeres del extranjero, de las cuales 44 fueron de España.
Concluye que “nadie quiere abortar, y nadie quiere tener que irse al extranjero para ejercer un derecho”.
Aplicación de perspectivas filosóficas
Creatividad (Henri Bergson, Alfred North Whitehead)
Desde la filosofía de Bergson y Whitehead la creatividad implica la novedad, la emergencia de lo inesperado, el devenir de la vida contra las estructuras rígidas. Aquí podemos ver que la experiencia de embarazo con anomalía fetal representa una bifurcación del devenir vital: lo esperado (un niño sano) se transforma en una situación distinta, obligando a innovación moral y existencial.
El sistema normativo (ley, comités clínicos) actúa como estructura fija, pero la situación de estas mujeres exige creatividad en la toma de decisiones y en los sentidos de la vida: aceptar, interrumpir, viajar al extranjero. En ese sentido, la creatividad aparece en la capacidad de las mujeres para responder ante lo inesperado, movilizarse, buscar alternativas.
Whitehead nos hablaría de procesos y de hechos, donde el “hecho” de la anomalía y del rechazo institucional desencadena un proceso que no estaba previsto: la migración reproductiva, la carga emocional, la legalidad internacional.
En una interpretación filosófica: el momento crítico exige nuevas formas de existencia, de agencia, más allá de las categorías establecidas.
Disrupción o poder (Gilles Deleuze, Michel Foucault)
Foucault estudia el poder, las instituciones, los cuerpos, la biopolítica: cómo el Estado regula la vida, la muerte, lo permitido, lo prohibido. En este caso, los comités clínicos funcionan como instancias de poder que deciden sobre la vida fetal, el derecho de la mujer, la interrupción del embarazo. La mujer sufre la exclusión de la institución, siente la sanción social (“me sentí una criminal”) y debe someterse a una travesía.
Deleuze podría interpretar la situación como una “línea de fuga”: la mujer rompe con el aparato institucional español que le niega la opción y se dirige a Bruselas, creando una vía alternativa, desbordando la normatividad establecida. Es un acto de resistencia ante la rigidez del sistema.
La disrupción está en que el sistema legal lo permite, pero la operativa institucional lo impide. Se genera una fisura entre norma y práctica: ello revela el poder “invisible” de los comités, la objeción de conciencia no transparentada, la asimetría de recursos para quien viaja.
Desde una óptica crítica: la agencia de las mujeres es limitada por el entramado biopolítico —la salud pública, la burocracia, la moral institucional—, lo cual plantea cuestiones de justicia y poder.
Ética y responsabilidad (Hans Jonas)
Jonas subraya la responsabilidad ante la vida y ante lo que está enfrente de nosotros en la “sociedad tecnocientífica”. En este contexto, se trata de la responsabilidad del sistema sanitario, de los profesionales, del comité clínico, de la comunidad política, ante decisiones que involucran vida fetal, salud de la madre, bienestar psicológico.
La ética aquí se juega en varios niveles:
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La responsabilidad hacia la mujer embarazada que desea ejercer su derecho.
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La responsabilidad hacia el feto con anomalías graves.
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La responsabilidad institucional de garantizar los derechos declarados en la ley.
Hay un desequilibrio: el derecho existe, pero su garantía se debilita. Las mujeres quedan en vulnerabilidad, lo que pone en cuestión la responsabilidad real del Estado.
Jonas también diría que ante lo radicalmente distinto (anomalía, fin de vida fetal), la tecnología médica y los protocolos institucionales deben actuar con precaución, humanización y respeto. Pero el testimonio indica que la vivencia es de aislamiento, clandestinidad, obligación de desplazarse.
Sistemas complejos (Niklas Luhmann, Edgar Morin)
Luhmann vería el sistema de salud, el sistema judicial, el sistema político como subsistemas comunicativos que operan según propias lógicas y códigos. Aquí se observa que la ley define un código (positivo/negativo para aborto), pero los comités clínicos operan con otro código de certificación, objeción, evaluación médica. Se produce dificultad de comunicación entre paciente-actores y sistema institucional.
Morin, por su parte, enfatizaría la complejidad interrelacionada: lo legal, lo sanitario, lo emocional, lo tecnológico, lo ético están entrelazados. No basta con una disposición legal: hay factores socioculturales, institucionales, obvenciones de conciencia, movilidad transnacional, desigualdad.
El sistema resulta “frágil” frente a lo singular: un embarazo complicado se convierte en “caso” que no encaja perfectamente en la rutina institucional. La mujer, entonces, queda en un “agujero” del sistema.
Este enfoque invita a ver el fenómeno no solo como falla de una norma, sino como manifestación de la complejidad de sistemas que no logran articularse enriquecidamente para dar respuesta.
Tecnología, transparencia, autoexplotación (Byung‑Chul Han)
Byung‑Chul Han aborda cómo la tecnología, la transparencia, la autoexplotación configuran sujetos contemporáneos. En este caso, la mujer que viaja al extranjero —en avión, tarjeta sanitaria europea, hospital público extranjero— se inserta en una lógica tecnológica y globalizada. Aun así, el sistema español que debería ofrecer transparencia no lo hace (“falta de registro de objetores”, “opacidad de los comités”).
La autoexplotación aparece en la medida en que la mujer debe asumir, por sí sola, el coste emocional, logístico, económico de desplazarse, de gestionar el proceso, de cubrirse frente a la falta de garantía institucional.
La “sociedad del rendimiento” de Han puede interpretarse en que la mujer debe rendir: gestar, decidir, viajar, “no fallar”, soportar el peso moral. Se experimenta una vulnerabilidad que se oculta tras la aparente libertad normativa.
La tecnología sanitaria (diagnóstico, resonancias, certificado) está presente, pero la transparencia del sistema no acompaña: la mujer no sabe si su comité la aprobará, si el profesional es objetor. Esto genera desconfianza y sensación de ilegalidad, pese a estar actuando dentro del marco del derecho.
Identificación de oportunidades y riesgos
Oportunidades/Elementos constructivos:
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El artículo visibiliza una brecha entre derecho formal y derecho efectivo, lo cual es un paso fundamental para la reformulación política y social del aparato institucional.
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La experiencia de las mujeres ofrece testimonios que pueden fomentar la reforma de los protocolos, la transparencia de los comités clínicos y la protección de derechos reproductivos.
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Desde una perspectiva filosófica, este caso permite reflexionar sobre la agencia femenina, la autonomía reproductiva, y la relación entre derecho, institución y cuerpo.
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Hay posibilidad de articular alianzas entre pacientes, profesionales y activismo para transformar el sistema y reducir la necesidad de “viaje reproductivo”.
Riesgos/Problemas potenciales:
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La opacidad institucional y la falta de registro visible de objetores de conciencia ponen en cuestión la justicia del sistema y crean discriminación de facto.
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La presión emocional y moral que sufren las mujeres (“me sentí una criminal”) muestra un riesgo de autoestigmatización y vulnerabilidad psicológica.
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La dependencia del extranjero para ejercer un derecho nacional abre una desigualdad de acceso (económica, geográfica) que vulnera los principios de justicia social.
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Desde la filosofía política: existe el riesgo de que la norma se convierta en mero enunciado formal sin operatividad, lo cual socava la legitimidad del Estado de derecho.
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El sistema de salud puede fragmentarse y reproducir lógicas de exclusión en vez de inclusión, lo que compromete la ética sanitaria y los derechos humanos.
Conclusión
El artículo pone de manifiesto una tensión profunda entre lo que se reconoce como derecho —la interrupción del embarazo en casos graves de anomalía— y la realidad vivida por muchas mujeres que se enfrentan a barreras institucionales, opacidad y necesidad de desplazarse al extranjero. Desde una aproximación filosófica se manifiestan diversas dimensiones: la creatividad que exige una situación límite, la disrupción del sistema de poder institucional, la ética de la responsabilidad ante la vida y el sistema sanitario, la complejidad de los subsistemas implicados y el impacto de la tecnología y la transparencia insuficiente en los sujetos implicados.
En suma, el caso revela una vulneración del derecho efectivo, una desigualdad de acceso, una carga moral y emocional para las mujeres, y una necesidad urgente de reformulación institucional. Al mismo tiempo abre la posibilidad de repensar los sistemas de salud, los protocolos de comité, la transparencia y la verdadera autonomía reproductiva.
