Introducción breve
El artículo de Infobae (25 de junio de 2025) informa que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en junio de 2021 han sido presentadas 2.475 solicitudes, de las cuales solo se han llevado a cabo 1.034 (42 %), mientras más de la mitad han sido denegadas o perdieron vigencia por muerte del solicitante. Además, denuncia demoras excesivas (49 días de media frente a los 30 previstos), desigualdades territoriales y objeciones morales de profesionales sanitarios.
Análisis filosófico
Ontología y dignidad
La eutanasia regula a un ser humano en su límite extremo: la muerte como derecho. Aquí emerge la cuestión ontológica de la persona y su autonomía vital. ¿Qué define la dignidad—sostenerse en la vida cueste lo que cueste, o incluir la posibilidad de elegir el morir? El artículo expone cómo la burocracia y las objeciones morales institucionales interfieren en esa definición digna.
Ética y responsabilidad (Hans Jonas)
Desde la ética de la responsabilidad, la eutanasia enfrenta el imperativo de evitar el sufrimiento intolerable, pero también exige una protección rigurosa del proceso. La norma establece controles para asegurar consentimiento libre, deliberación, médicos consultores y Comisiones de Garantía. Sin embargo, las demoras y denegaciones revelan fallos en esta responsabilidad: no solo se limita la autodeterminación, sino que también se puede “desresponsabilizar” al Estado de su deber ético.
Poder, biopolítica y desigualdad (Foucault, Deleuze)
La aplicación desigualizada por comunidades autónomas evidencia una lógica biopolítica: el Estado regula la vida y su fin. La eutanasia es una forma de control de la muerte a través del poder institucional. Las objeciones de conciencia, la formación deficiente y los retrasos revelan cómo el control descentralizado puede convertirse en una forma de "violencia institucional" que discrimina según territorio o convicciones morales.
Sistemas complejos y desigualdad (Luhmann, Morin)
El sistema sanitario y legal es un ente complejo con múltiples subsistemas (médico, legal, político, jurídico). Las demoras, denegaciones y casos de muerte durante el trámite reflejan ineficiencias sistémicas: la falta de coordinación entre estos subsistemas, y la variabilidad territorial, hacen patente la complejidad y la inestabilidad operativa.
Tecnología, transparencia y autoexplotación (Byung‑Chul Han)
Aunque no aparece en el artículo directamente, sí se percibe una forma de burocratización tecnológica de la vida y la muerte: formularios, plazos, comisiones... El exceso de procedimientos puede interpretarse como una “autoexplotación regulatoria”, donde el propio individuo debe gestionar su sufrimiento dentro de una estructura que lo obliga a producir pruebas de su voluntad, sufrimiento y legitimidad moral.
Identificación de oportunidades y riesgos
Oportunidades
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Avance normativo: España, como uno de los primeros países de Europa en regular la eutanasia, puede perfeccionar esta regulación y extender la autonomía efectiva.
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Debate público: El caso visibiliza la necesidad de formar a profesionales y asegurar una aplicación coordinada, reduciendo desigualdades.
Riesgos
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Violencia institucional: Las demoras y objeciones pueden alimentar sufrimiento adicional, incluso muerte antes de obtener respuesta.
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Desigualdades territoriales: Diferencias entre comunidades vulneran la universalidad del derecho.
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Falta de coherencia sistémica: La burocracia y la formación insuficiente revelan huecos en la implementación.
Conclusión
España ha avanzado en reconocer el derecho a una muerte digna, pero cuatro años después la realidad muestra tensiones profundas: entre norma y práctica, autonomía personal y control institucional. El análisis filosófico evidencia que, aunque la ley pretende proteger el derecho individual, su operativa actual reproduce desigualdades y formas de poder biopolítico. Es esencial fortalecer la formación, reducir los tiempos burocráticos y unificar criterios territoriales para que el derecho no quede en papel y la muerte digna sea una realidad efectiva.