Introducción breve
Según informan 20 Minutos y otros medios, cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (25 de junio de 2021), sólo el 40 % de los solicitantes ha recibido la prestación (~1 300 de 3 000 solicitudes). De los restantes, un 25 % han sido denegados y otro 25 % fallecieron antes de que se resolviera su petición. La asociación Derecho a Morir Dignamente denuncia además disparidades territoriales y retrasos de media (49 días vs. 30 días legales).
Análisis filosófico
Ontología y dignidad
El derecho a morir dignamente está regulado, pero la realidad expone una brecha entre la Norma y la Ontología de la persona en sufrimiento. El concepto de “muerte digna” pierde su potencia cuando el Estado o el sistema la oculta tras dilaciones burocráticas, relativizando así la autonomía existencial.
Ética y responsabilidad (Hans Jonas)
El imperativo ético de proteger frente al sufrimiento exige no solo una ley, sino su efectiva implementación. El Estado y los operadores sanitarios tienen la responsabilidad de evitar que la regulación, concebida para mitigar el sufrimiento, se convierta en fuente adicional de angustia o muerte no atendida.
Poder, biopolítica y desigualdad (Foucault, Deleuze)
Los tiempos y criterios de aplicación actúan como mecanismos de biopoder: determinan quién accede a morir con dignidad y quién queda excluido por errores, objeciones o demoras institucionales. Las variaciones entre comunidades autónomas revelan un Estado fragmentado que administra desigual acceso al final de la vida.
Sistemas complejos y disfuncionalidades (Luhmann, Morin)
La eutanasia opera dentro de un sistema sanitario-legal-jurídico complejo, donde los subsistemas no se comunican eficientemente. La consecuencia es un proceso desarticulado: solicitudes rechazadas, solicitudes que caducan por demora, y personas que fallecen a la espera.
Tecnología, transparencia y autoexplotación (Byung‑Chul Han)
El cuerpo del paciente debe “auto-explotarse regulatoriamente”: recopilar informes, solicitar varias veces, esperar comisiones… Mientras tanto, se enfrenta al dolor y a la muerte tardía. Este proceso burocrático se convierte en una exigencia impuesta al más vulnerable.
Identificación de oportunidades y riesgos
Oportunidades
-
Visibilización del problema: El 60 % que no accede potencia un llamado a mejorar los tiempos y la coordinación institucional.
-
Reforma normativa: La evidencia actual puede servir para afinar la ley y prevenir el uso del sistema judicial como freno a un derecho establecido.
Riesgos
-
Violencia institucional: Retrasar o impedir la eutanasia es ejercer una violencia legitimada por la inacción.
-
Injusticia territorial: Las diferencias entre regiones vulneran la igualdad ante la muerte digna.
-
Erosión de confianza ciudadana: La burocracia retrasa un derecho vital, lo que puede minar la fe en las instituciones.
Conclusión
El 40 % de acceso efectivo revela una distorsión crucial: la eutanasia existe legalmente en España, pero no siempre es efectiva. Desde una mirada filosófica, esta tensión invita a replantear la proximidad entre norma, poder institucional y ejercicio real de la libertad. Es urgente redefinir procedimientos, reforzar rendición de cuentas y asegurar que el derecho se ejerza en vida —no sea un espejismo regulatorio post-mortem.